Velar por la seguridad alimentaria y la sustentabilidad hídrica ante el aumento de las subdivisiones de terrenos rurales fue otro de los temas que se abordaron.
Listas están las principales conclusiones del trabajo que impulsaron el ministro de Vivienda y Urbanismo y presidente de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), Carlos Montes, junto al titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el Ministerio de Bienes Nacionales, que hace dos meses convocaron a un proceso nacional de diálogo sobre el aumento de las subdivisiones y parcelaciones en el territorio rural del país.
Esta actividad, que se denominó “Habitar de forma sostenible el territorio rural”, tuvo por objetivo promover el diálogo y conocer las visiones de distintos actores públicos y privados frente al aumento de parcelaciones rurales en Chile, sus consecuencias y externalidades. Esto se realizó en cinco regiones: Atacama, Valparaíso, RM, Los Ríos y Aysén.
Una de las conclusiones de este trabajo, que se dará a conocer hoy en el Centro Cultural de La Moneda —y que espera ser parte de un futuro proyecto de ley sobre parcelaciones—, está relacionada al riesgo de inundaciones, que hoy cobra fuerza tras el impacto de las últimas lluvias. “Se desconoce y hay una incertidumbre respecto a la dimensión del impacto y se deben aplicar principios precautorios. Algunos plantean que hay que incluir a Senapred en la planificación territorial y conflicto de subdivisiones para limitar mediante una nueva normativa(permisos) las parcelaciones u otros tipos de asentamientos humanos en zonas de riesgos, y definir responsabilidades también para quienes venden dichos sitios», señala al respecto el documento anticipado a «El Mercurio» desde organizadores de la iniciativa.
Otro punto que se abordó es la tensión que existe para proveer de suelo para viviendas y el uso de este para la explotación silvoagropecuaria. Se plantea habitar las zonas rurales de modo sostenible.
Por otra parte, se destaca el cuidar la sustentabilidad de las fuentes de agua y se reconoce que “hay una pérdida descontrolada de biodiversidad, reconvertida a espacios urbanos” que afectan el entorno. En ese sentido, se postula aumentar las áreas protegidas.
El documento consigna que la “seguridad alimentaria es un tema controversial al momento de analizar la problemática. Algunos grupos aseveran con fuerza que uno de los efectos negativos que se ha generado con las parcelaciones ha sido la pérdida de producción agrícola y de terrenos cultivables. Por otra parte, algunos desarrolladores aseguran que la parcelación del suelo agrícola no necesariamente representa un riesgo, ya que argumentan que la mayoría de los campos que se subdividen no son productivos o, al menos, no lo han sido por mucho tiempo”.
Asimismo, existe coincidencia en que muchas veces los suelos agrícolas no se han desarrollado porque no existe apoyo a los agricultores. Así, surge como mejor opción la venta del predio.
Entre Otras conclusiones, se menciona que el proyecto de parcelaciones debe considerara las realidades de las diversas zonas del país.
Reacciones
“Se debe proponer una fórmula conciliadora y viable, con restricciones en un procedimiento claro y sin caer en maximalismos. Trabajamos en un proyecto de ley que no buscará prohibir, sino regular y contar con instrumentos eficientes y actualizados”, señaló el secretario ejecutivo de la Comicivyt, Pablo Contrucci.
Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), comentó que “el poder habitar de forma sostenible el territorio rural es un objetivo compartido, pero alcanzarlo no depende exclusivamente de una mejor regulación”. Añadió que “la demanda por suelo rural depende en buena medida de la demanda insatisfecha al interior de lo que los instrumentos de planificación delimitan como ciudad. Las parcelas de agrado en torno a las ciudades son una mala válvula de escape al problema de escasez de suelo».
Con relación a las limitaciones en zonas inundables, Tomás Riedel, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), indicó que “se estima que la ocupación del territorio, ya sea urbano o rural, debe tener siempre en consideración los riesgos presentes para la protección de la vida y salud de las personas, sin perjuicio de que para ello es fundamental que existan estudios técnicos que los avalen y la suficiente difusión y transparencia de la información”
La ADI y la CChC participaron en las mesas de trabajo de esta propuesta. A la instancia también asistieron la Asociación Gremial Chile Rural, la Sociedad Nacional de Agricultura, Fedetur, el SAG, Conaf, asociaciones de municipalidades, el Colegio de Arquitectos, universidades y ONG, entre otros.
Fuente: El Mercurio, Escrito por Marco Gutiérrez V.
