■ Si bien los recursos de protección presentados por inmobiliarias siguen en tramitación, la circular seguirá rigiendo al menos mientras estos se revisan en tribunales
Contraloría optó por no referirse a la circular del ministerio, debido a que el proceso está sometido al conocimiento de los tribunales de justicia.
Un día después de que la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) pidiera suspender el instructivo del Ministerio de Agricultura que dicta al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a no autorizar parcelaciones rurales donde se sospeche que se utilizará el suelo para fines no agrícolas, la Corte de Apelaciones de Santiago denegó la solicitud.
Las inmobiliarias habían solicitado una Orden de No Innovar (ONI) en el marco de la causa judicial que se abrió por el recurso de protección que ellas mismas presentaron en contra del ministro Esteban Valenzuela, el subsecretario José Guajardo y los directores nacionales del SAG.
En esta solicitud, las empresas apelaron a inversiones de hasta $2 mil millones que se veían afectadas por la circular de las autoridades y cuyos contratos de promesa de compraventa habrían sido firmados previos a la existencia de este documento.
Por este motivo, esgrimieron que la medida del Ministerio de Agricultura era ilegal y dijeron que podía generar “un descalabro económico” al hacer retroactivas las instrucciones de Agricultura, ya que tanto clientes como empresas verían afectados sus compromisos legales.
No obstante, la Corte no tuvo en consideración estos argumentos y, sin dar mayores explicaciones, se negó a suspender el instructivo mientras dura el trámite del recurso.
Esto no quiere decir que el recurso de protección haya sido rechazado, ya que es un proceso independiente de la ONI y que seguirá abierto.
La postura de Contraloría
En paralelo, diputados, senadores y otro gremio de parceleros llamado Chile Rural –el cual es asesorado por el exfiscal Carlos Gajardo en el proceso- habían solicitado el pronunciamiento de la Contraloría General de la República por el instructivo del gobierno.
Concretamente, el oficio enviado desde el Senado señalaba que el instructivo excedía las competencias y atribuciones del ministro Valenzuela.
No obstante, Contraloría también resolvió abstenerse de entregar su visión de la situación, debido a los procesos que se están llevando en tribunales.
Además del recurso de protección presentado por IPRA, hay otras tres inmobiliarias que, por separado, hicieron lo propio, por lo que hay cuatro causas en contra del Ministerio de Agricultura por este tema que se están viendo en el poder judicial.
Contraloría explicó que, según sus atribuciones, “no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que ocurre en la situación planteada en la especie”.
A pesar de que en esta ocasión las definiciones son favorables al Ministerio, los parceleros han reiterado que agotarán todas las alternativas para anular el instructivo.
Tomás Prado, presidente de Chile Rural, señaló que, aunque Contraloría estimó que este era un asunto litigioso, como gremio “estamos estudiando las vías para impugnar el instructivo en tribunales, y en distintas sedes, para lo cual estamos trabajando con nuestros asesores jurídicos”.
Previamente, en entrevista con este medio, el exfiscal Gajardo había señalado que la asociación no descartaba pasar a la vía penal para hacer caer la circular del gobierno.
En tanto, tras la polémica por el instructivo, en el Congreso se han acelerado las discusiones para regular las parcelaciones.
Según datos del SAG, desde el inicio de la pandemia, las solicitudes de loteos se han duplicado y, en 2021, casi alcanzaron las 20.000. El Ministerio de Agricultura ha defendido las medidas tomadas basándose en el daño al ecosistema que provocan estas proliferaciones de loteos.
Fuente: df.cl
