La acción fue presentada contra el Ministerio de Agricultura y el SAG ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), por motivo del instructivo con el que el Ministerio de Agricultura ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspender la tramitación de las solicitudes de subdivisiones de predios en las que se sospeche que el terreno no será destinado uso agrícola.
Con esto, la corte instruyó notificar a las autoridades del sector contra las que fue presentado el recuros: el ministro Esteban Valenzuela, el subsecretario José Guajardo y los directores nacionales del SAG, Rodrigo Astete y Andrea Collao
En un plazo de cinco días, los recurridos deberán informar a la Corte «todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado al recurso». Dicho documento fue presentado por Parcelas de Chile junto a las inmobiliarias Mon Mapu, Ranquilco Sur y Terramar que, entre otros, acusan que la decisión del Ministerio carece de fundamentos y legalidad, además de vulnerar garantías constitucionales y el orden público económico.
Las inmobiliarias sostienen que las autoridades están actuando «al margen de la normativa legal que regula hace más de 40 años el derecho de todo propietario de un predio, a subdividirlo, lo que no implica, en la practica, una alteración material en al aptitud del suelo, sino solo una abstracción jurídica».
En paralelo, en el Congreso se trabaja en otro camino para abordar el conflicto con las parcelaciones. Mientras en la Comisión de Vivienda del Senado avanza un proyecto alternativo para regular el tema, la misma Cámara Alta busca dejar sin efecto el instructivo del Gobierno, por medio de un oficio enviado a Controlaría que cuestiona la legalidad de la medida.
Fuente: df.cl